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Lluvia de críticas del sector inmobiliario por la intervención del Estado en el alquiler
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31
MAR
Lluvia de críticas del sector inmobiliario por la intervención del Estado en el alquiler
El Gobierno establece un límite de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
El sector vuelve a contestar al Gobierno de coalición que existen otras medidas más efectivas que aplicar en el mercado del alquiler que intervenir en los precios, ya sea como ahora, con una limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
La consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha destacado que “todas aquellas medidas que intervengan el mercado son medidas que tienen un resultado negativo. Ahora se va a producir un desequilibrio entre dos partes: el inquilino y el propietario, que va a tener que asumir muchas veces un incremento del coste de su vida al tener limitado el precio del alquiler que pueden cobrar. Solo cuando se trabaja sobre la oferta se consiguen contener los precios”, ha destacado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.
En esta misma línea se ha mostrado su 'segundo' Jose María García, viceconsejero de vivienda y ordenación del territorio de la región madrileña, este miércoles durante un acto organizado por Asprima y el colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos en el que se debatió sobre el presente y el futuro de los desarrollos urbanísticos de Madrid.
“La intervención del mercado no ayuda. No es deseable y lo que produce es un efecto negativo porque esa limitación del 2% atenta directamente contra el propietario. Es un error de libro que pagaremos en el tiempo y lo que va a provocar es una disminución de la oferta. Va a penalizar al propietario que es el que va a tener que soportar el aumento del IPC. El resultado va a ser una retroalimentación del IPC. Intervenir el mercado del alquiler va a perjudicar un negocio que era incipiente y que requiere de mucha seguridad jurídica, justo todo lo contrario que otorga esta medida”, aseveró García tras conocer la subida del IPC adelantado del 9,8% en marzo.
“Es una acción que invita a la reflexión: ¿por qué se compensa a las gasistas de la limitación de precios y no a los propietarios de viviendas? Porque las gasistas pueden vender el gas en Francia o Alemania y los propietarios de viviendas no pueden llevarse la casa a cuestas”, afirma Mikel Echevarren, CEO de Colliers España.
“Es una medida anticonstitucional, bolivariana y abusiva que añade una puntada adicional a la serie de medidas tendentes a aumentar la inseguridad jurídica y perjudicar a la oferta. Se inmiscuye hoy en este tipo de contratos privados y mañana podrá hacerlo en cualquier acuerdo privado, ya sea mercantil o laboral. De nuevo, se opta por ganar votos perjudicando a medio plazo a los votantes”, concreta.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) también ha expresado su preocupación con este tipo de medidas. "Ya dijimos hace tiempo que el Gobierno debía enfatizar más su esfuerzo no tanto en limitar el precio de los alquileres, sino en controlar más la inflación e incentivar la oferta", ha expresado el director general de ANA, José Ramón Zurdo.
"Ante la enorme presión que tiene el Gobierno, se ven obligados a tomar otra vez medidas intervencionistas, que lo único que crean es inseguridad jurídica", ha añadido. “Los propietarios particulares llevan meses actuando antes que el Gobierno amortiguando la subida del IPC, y aplicando la mitad de su valor o no aplicándolo", ha destacado Zurdo.
El director general de ANA ha destacado además que no tiene "ninguna duda de que se tendrá que prorrogar, lo que podría desembocar en otra forma de intervenir el precio de los alquileres”, congelando el mecanismo de actualización de rentas previsto en el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha concretado.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por su parte, ha tildado de "peligroso empezar a regular mercados que deben ser libres. Cuando se habla de dueños de pisos, se piensa en grandes empresas, pero normalmente es gente normal. Esto es como eso de yo te invito a cenar, pero tú pagas la cena", ha lamentado el representante empresarial.
Francisco Iñareta, portavoz de idealista, también pone sobre la mesa que "el Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración, y obliga a que no se cumpla la claúsula de actualización de los contratos de alquiler". La medida, añade, "supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que, en muchos casos, provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone. El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado. La experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables”.
Esa teoría es la misma que defiende la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que ha expresado su rechazo a la limitación de los precios del alquiler al considerar que "carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las administraciones públicas".
Asval defiende una limitación de la subida de rentas al incremento de la inflación subyacente, para eliminar los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos no elaborados. “De nuevo, una limitación de los precios de los alquileres generará inseguridad jurídica”, que además ha solicitado al Gobierno que la limitación se establezca por un periodo limitado, sin posibilidad de prórroga.
A la oleada de críticas se suma también la que ha realizado la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), cuyo secretario general, Jesús Manuel Martínez Caja, advierte de los tres efectos que puede tener esta medida.
En primer lugar, cree que "generará una doble conflictividad judicial ya que, por un lado, la medida afecta al derecho de la propiedad y, en consecuencia, el Ejecutivo deberá indemnizar a los propietarios que reclamen si no adopta medidas compensatorias. Y por otro, es muy dudoso que quepa limitar los efectos del artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permite actualizar la renta en función de la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo".
Además, expone Martínez Caja, "a esta inseguridad jurídica se sumará que toda intervención en el mercado del alquiler se traduce en futuros incrementos de las rentas en los nuevos contratos, dado que los arrendadores buscarán compensar la limitación de las actualizaciones con subidas en los precios".
Por último, el secretario general de AMADEI alerta de que "a la vista de que el Gobierno ha ido prorrogando en el tiempo las medidas antidesahucios incluso de los okupas, acordadas desde que se inició la pandemia, se teme que esta medida limitativa de la actualización de los alquileres, que en principio es provisional durante tres meses, pueda seguir prorrogándose en el tiempo, al igual que las medidas de escudo social como consecuencia de la crisis sanitaria".
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